En atención al debate público suscitado en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considera necesario expresar su posición frente a las garantías judiciales de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante esta jurisdicción, así como frente a las voces que pretenden presentar una postura particular como si representara al conjunto de los militares sometidos a sus procedimientos.
No es admisible atribuir a la totalidad de los comparecientes de la Fuerza Pública una posición única frente a la JEP. Las experiencias, circunstancias procesales y expectativas de quienes acuden a esta jurisdicción son diversas y no pueden desconocerse. Por ello, rechazamos cualquier pretensión de monopolizar su representación o de presentar el respaldo de algunos sectores como una posición generalizada de quienes enfrentan procesos ante esta jurisdicción.
Es necesario distinguir entre aquellos comparecientes que consideran favorable su tránsito por la JEP y respaldan su funcionamiento, y quienes continúan defendiendo su inocencia, controvirtiendo las imputaciones formuladas en su contra y reclamando garantías efectivas para ejercer su defensa. Para estos últimos, la experiencia judicial está lejos de representar un resultado beneficioso. Su situación exige ser escuchada con la misma atención y respeto, sin que sus cuestionamientos sean desestimados ni sus derechos subordinados a una narrativa institucional.
El CGREN manifiesta su preocupación por las prácticas y actuaciones que, según denuncias y cuestionamientos de comparecientes, podrían afectar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, la contradicción de las pruebas, la presunción de inocencia y el debido proceso. La búsqueda de verdad y justicia no puede traducirse en el debilitamiento de las garantías fundamentales de quienes comparecen ante la jurisdicción. Ningún propósito de justicia transicional justifica que se desconozcan los derechos de las personas sometidas a sus procedimientos.
La legitimidad de la justicia transicional depende también de su capacidad para garantizar procesos justos, imparciales y respetuosos de los derechos de todas las partes. Por ello, consideramos necesaria una reforma que permita revisar y corregir las prácticas que puedan comprometer estas garantías, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las decisiones judiciales estén sustentadas en pruebas, con pleno respeto por la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica efectiva.
La revisión de estas situaciones no debe interpretarse como una oposición a la búsqueda de verdad, justicia y reparación, sino como una exigencia legítima de que estos objetivos se alcancen con estricto apego a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Advertimos que, si persisten las situaciones denunciadas y no se adoptan correctivos efectivos, los comparecientes afectados podrán acudir a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitar, cuando se cumplan los requisitos correspondientes, medidas cautelares para prevenir daños irreparables y proteger sus derechos fundamentales. Estas actuaciones no tendrían como propósito respaldar a la JEP, sino buscar la protección de quienes consideren vulneradas sus garantías judiciales ante dicha jurisdicción.
El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional reitera que la justicia debe ser garantía de verdad, pero también de imparcialidad; de responsabilidad, pero también de respeto por el debido proceso. La defensa de los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública no puede depender de su posición frente a la jurisdicción ni de los resultados obtenidos en sus procesos.
La justicia transicional solo puede consolidar su legitimidad cuando garantiza, sin distinciones, los derechos de todos los comparecientes.
Suscrito por:
Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional