El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional (CGREN) se pronuncia frente a las declaraciones formuladas el pasado 21 de septiembre por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien afirmó que "la Fuerza Pública está pidiendo la protección de la JEP" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que "más de siete mil integrantes de la Fuerza Pública... han cometido crímenes internacionales".
Ningún grupo de comparecientes, y tampoco el propio magistrado Ramelli, puede hablar en nombre de la totalidad de los militares sometidos a la JEP. Las posiciones y situaciones jurídicas de quienes comparecen ante esa jurisdicción son distintas y deben tratarse como tales, no como un bloque homogéneo que conviene citar según el argumento institucional del momento.
El CGREN rechaza la lectura que hace el magistrado de las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH. Esas solicitudes no buscan proteger a la JEP como institución ni defender su presupuesto frente al Congreso; buscan proteger los derechos de quienes las presentan. Presentarlas como un gesto de respaldo al tribunal invierte su propósito real: quienes acuden a una instancia internacional de derechos humanos lo hacen porque consideran insuficientes las garantías que reciben dentro del proceso, no para salir en defensa de quien los juzga.
Es necesario además precisar un hecho que las declaraciones del magistrado pasan por alto: la mayoría de los comparecientes de la Fuerza Pública, incluida la mayor parte de quienes fueron imputados como máximos responsables, sí reconocieron responsabilidad y se beneficiaron del régimen de condicionalidad. El problema no es ese grupo. El problema es que, sin distinción de grado, hay comparecientes que no han reconocido responsabilidad y continúan su defensa por la vía adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Es precisamente esa situación — la de quienes aún controvierten los cargos en su contra, independientemente de su rango— la que las declaraciones del magistrado invisibilizan al hablar de "la Fuerza Pública" como si todos estuvieran en la misma posición.
Resulta aún más grave que, en la misma intervención, el magistrado haya afirmado que miles de integrantes de la Fuerza Pública "han cometido crímenes internacionales", sin distinguir entre quienes han reconocido responsabilidad y quienes aún no han sido vencidos en juicio. Que el presidente del tribunal llamado a garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia dé por establecida, como hecho consumado, la responsabilidad penal de miles de comparecientes es, en sí mismo, el tipo de vulneración de garantías que este Consejo ha denunciado.
El CGREN tampoco acepta que la situación procesal de los comparecientes de la Fuerza Pública se use como argumento en la disputa presupuestal entre la JEP y el Congreso de la República. Que el tribunal enfrente un recorte de recursos es un debate legítimo entre dos ramas del poder público; resolverlo invocando a comparecientes que arriesgan su libertad convierte a la Fuerza Pública en rehén de un pleito institucional que no es el suyo.
La JEP requiere revisar y corregir las prácticas que afectan las garantías de los comparecientes de la Fuerza Pública. Si persiste la negativa a hacerlo, quienes consideren vulnerados sus derechos tendrán que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar medidas cautelares, no en favor de la JEP, como ha querido presentarse, sino por la violación de sus garantías dentro de ella.
La legitimidad de la justicia transicional no se construye citando selectivamente a quienes comparecen ante ella para defender el presupuesto o la imagen del tribunal. Se construye garantizando, sin generalizaciones ni cálculos institucionales, los derechos de todos.
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Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional