El Consejo de Generales de la Reserva expresa su preocupación por las declaraciones del magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, y por la actuación anunciada frente al retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con el M-19.
Si bien la protección de la memoria y de los derechos de las víctimas es un deber del Estado, advertimos que una presentación incompleta de la historia puede contribuir a fortalecer la imagen del M-19 como un movimiento de revolucionarios respetuosos de la Constitución y de la ley, dejando en segundo plano que fue una organización guerrillera que recurrió a la violencia y causó graves daños a los colombianos.
El país no puede olvidar el secuestro y asesinato del dirigente sindical José Raquel Mercado, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, donde el M-19 tomó rehenes y desencadenó una tragedia que enlutó a la nación. Tampoco deben omitirse los vínculos entre integrantes de esa organización y el narcotráfico que han sido objeto de testimonios e investigaciones y que exigen un esclarecimiento riguroso.
Las conductas cometidas contra la población y las personas protegidas merecen ser recordadas e investigadas con rigor, incluidas aquellas que puedan constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad, según las circunstancias de cada caso y las decisiones de las autoridades competentes.
El Consejo reconoce la importancia del proceso de paz y de la participación política de quienes dejaron las armas. Pero la reconciliación exige verdad y memoria integral, ninguna transición política puede borrar el sufrimiento de las víctimas ni convertir a una organización armada en protagonista de un relato que silencie sus responsabilidades.
Solicitamos a la JEP y a las instituciones encargadas de la memoria histórica actuar con imparcialidad, incluir las voces de todas las víctimas, entre ellas las de los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, y garantizar que los hechos sean presentados con contexto, equilibrio y sustento documental.
La memoria de Colombia debe honrar a las víctimas, reconocer los hechos y servir a la verdad y a la reconciliación nacional.
Suscrito por:
Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional