Las asociaciones representativas de la Reserva y Veteranos de la Fuerza Pública de Colombia expresamos nuestro desacuerdo frente a las recientes declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien ha invocado la existencia de más de 7.000 integrantes de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción como argumento para advertir sobre las consecuencias que tendría su debilitamiento institucional.
Los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a la JEP no constituyen un universo homogéneo. Estar sometido a esa jurisdicción no significa haber reconocido responsabilidad, haber sido determinado máximo responsable ni encontrarse en idéntica situación jurídica. Numerosos militares que participaron directamente en graves conductas han reconocido su responsabilidad. Pero existen también comparecientes que no reconocen las responsabilidades que se les atribuyen y tienen pleno derecho a controvertirlas con todas las garantías del debido proceso.
En el actual debate se habla de proteger el presupuesto de la JEP, preservar su autonomía y garantizar su independencia. Son asuntos legítimos. Pero no advertimos la misma preocupación por los derechos y garantías de los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción, especialmente de quienes no reconocen responsabilidad. Los militares no pueden ser invocados como argumento para defender institucionalmente a la JEP y, al mismo tiempo, quedar ausentes del debate sobre las garantías que la propia JEP debe ofrecerles.
Nuestra preocupación es todavía mayor cuando las investigaciones avanzan desde quienes han reconocido participación directa en homicidios y desapariciones hacia niveles superiores de mando, incluidos oficiales coroneles y generales. Investigar a un comandante no vulnera por sí mismo ninguna garantía. Lo que resulta indispensable es que su eventual responsabilidad sea demostrada individualmente y no inferida por el grado, la posición jerárquica o la sola existencia de un patrón macrocriminal.
Nuestra posición permanece inalterada: No buscamos impunidad. Exigimos justicia con garantías. Quien cometió un crimen debe responder individualmente por él. Quien reconoció responsabilidad debe cumplir la sanción correspondiente. Pero quien controvierte una responsabilidad conserva plenamente sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia. Colombia merece conocer no solamente cuántos militares están en la JEP, sino qué garantías tienen dentro de ella.
Suscrito por:
Junta Directiva del CGREN y Asociaciones de la Reserva y Veteranos
Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional